El pasado 7 de marzo de 2024, en una polémica votación, el Congreso de la República destituyó al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vázquez, y a una de sus miembros, Inés Tello. Dos semanas después, la Primera Sala Constitucional de Lima dejó sin efecto estas vacancias, al identificar que esta acción fue “arbitraria e inconstitucional”. Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Constitucional contravino esta disposición y restituyó —en la práctica— la medida que destitutía a los dos miembros de la JNJ hasta que la Corte Suprema resuelva una apelación interpuesta por el Congreso de la República por este caso. De acuerdo con especialistas consultados por Convoca.pe, el máximo intérprete de la Constitución hizo esto de espaldas a convenios internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado ‘Pacto de San José’.

Este 23 de abril, mediante resolución, el Tribunal Constitucional derivó a la Corte Suprema la apelación presentada por el Congreso de la República contra la decisión de la Primera Sala Constitucional de Lima —adscrita al Poder Judicial—, que anuló las vacancias de los magistrados Aldo Vázquez e Inés Tello. Con esta acción, el caso retrocede al estado en que se encontraba en marzo de 2024, lo que significa que los dos miembros de la JNJ no podrán mantenerse en sus cargos. 

“No solamente ha ido en contra de disposiciones constitucionales y principios democráticos, sino que además, en consecuencia, ha ido en contra del estándar supranacional. La Convención Americana de Derechos Humanos habla de que todos y todas tenemos derecho a un juez natural y ese es el juez predeterminado por ley", explicó a este medio, Cruz Silva del Carpio, coordinadora del Instituto de Defensa Legal - IDL.

Miembros actuales del Tribunal Constitucional. Foto: Tribunal Constitucional.

La especialista se refiere a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), señala cuáles son las garantías judiciales que tiene toda persona. Entre estas, dice la Convención, se encuentra el derecho de ser oído "con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley".

Para el caso de los integrantes de la JNJ, como se recuerda, fueron restituidos por la Primera Sala Constitucional de Lima, adscrita al Poder Judicial, luego de que la institución presentó una demanda de amparo contra el proceso de inhabilitación llevado a cabo por el Congreso de la República en contra de sus integrantes. Esta demanda fue admitida a trámite por la Primera Sala Constitucional de Lima, el 7 de marzo de 2024 y el 25 de marzo se ordenó la reposición de los dos miembros destituidos, Aldo Vázquez e Inés Tello.

Este acto tendría que proteger tanto a Vázquez como a Tello, sin embargo, el accionar del Tribunal Constitucional interfiere directamente en un fuero que no le corresponde.

“Para el caso de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, cuando presentan una demanda de amparo por la urgencia de su pedido, el juez competente era el juez del Poder Judicial. Y lo que hace ahora el Tribunal Constitucional es inmiscuirse en ese proceso al tomar competencias que no le corresponden y en consecuencia, también distorsionar el principio del juez natural, que es el juez que corresponde de acuerdo a la ley pronunciarse sobre una causa que le ha sido presentada por parte de algún litigante”, explicó Cruz Silva del Carpio en entrevista con Convoca.pe.

La suspensión de la decisión del Poder Judicial sobre Aldo Vázquez e Inés Tello conlleva implicaciones significativas y forma parte de una serie de acciones por parte del Congreso de la República que siguen erosionando las bases democráticas en el país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José.

Los efectos en el Sistema Electoral

En febrero de 2024, Convoca.pe advirtió sobre los intentos del Congreso de la República de capturar el sistema electoral del Perú. Hoy, a la luz de los acontecimientos, la resolución del Tribunal Constitucional, al suspender los efectos de una medida cautelar del Poder Judicial que mantenía en sus cargos a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, favorece dicho objetivo.

Como se recuerda, hasta esa fecha, el repositorio del Parlamento registraba al menos 29 proyectos de ley pendientes de trámite en la Comisión de Constitución, cuya finalidad es cambiar las reglas del juego electoral, especialmente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).  De estos, cuatro plantean reformar la Constitución para establecer un mecanismo de elección de la máxima autoridad del JNE y otros cuatro proponen el antejuicio y juicio político para las cabezas de esta institución. Del mismo modo, también se modificó la Ley de Organizaciones Políticas, dejando sin efecto las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). 

Sobre las PASO, el ex jefe de ONPE, Fernando Tuesta, dijo a Convoca en febrero que: "Lo que vamos a tener no es más de lo mismo, es peor que lo anterior. (...). Por lo tanto, todo lo que hasta ahora se ha hecho en materia electoral ha sido un retroceso".  Foto: Difusión.

Ahora, a estos intentos, se le suma la consecuencia directa de la resolución del TC que tiene un efecto inmediato en el Sistema Electoral, específicamente, en la elección de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pues este proceso no se puede llevar a cabo si el Pleno de la JNJ no cuenta con sus siete miembros habilitados.

El 17 de abril de 2024, el Congreso de la República presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional con el propósito de suspender la resolución emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el 22 de marzo de 2024. Dicha resolución declaró fundada la solicitud cautelar (proceso de amparo) interpuesta por Aldo Vázquez e Inés Tello, suspendiendo así su vacancia, la cual se dio en el Congreso de la República el 8 de marzo del presente año.

El 23 de abril, el Tribunal Constitucional decidió a favor de esta medida cautelar, y ha repuesto la destitución de Vásquez y Tello, hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación interpuesta por el Congreso.

Ante esto, el abogado constitucionalista, Franco García, sostiene que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para "anular" resoluciones judiciales, como lo es una medida cautelar que forma parte de un proceso de amparo que está en los fueros del Poder Judicial. El especialista sostiene que, según el artículo 112 del Código Procesal Constitucional, su competencia se limita a actos o resoluciones administrativas de las entidades públicas.

En este contexto, García argumenta que todo este procedimiento no se ajusta a lo establecido en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional. Además, señala que solo existe una solución viable: restablecer un quórum dentro de la JNJ. De lo contrario, no será posible elegir a los titulares de la Reniec y la ONPE. La rapidez con la que la Corte Suprema resuelva la apelación del Congreso a la medida cautelar de Tello y Vázquez será crucial en este proceso.

“El procedimiento a seguir sería que —mientras la Corte Suprema resuelve la apelación del Congreso a la medida cautelar de Tello y Vázquez— se vuelva a formar un quórum y recién ahí se tendría que elegir a los titulares de la Reniec y la ONPE. Los tiempos son cortos, sin embargo, la Corte Suprema ya tiene en las manos el expediente para poder resolver”, explicó a Convoca.pe, el abogado constitucionalista. 

Cabe resaltar que, mientras tanto, la Junta había programado para el próximo viernes 3 de mayo las entrevistas públicas de Carmen Velarde y de Piero Corvetto, quienes buscan ratificarse como jefa del Reniec y como jefe de la ONPE, respectivamente. Posteriormente, hasta el 7 de mayo, la JNJ debía decidir si ambos se mantendrían en sus puestos o no. Los titulares de estos organismos electorales requieren como mínimo cinco votos a favor para quedarse en el cargo y del quórum necesario para llevar a cabo la votación.

Aldo Vázquez e Inés Tello, miembros vacados por el Congreso de la República en marzo último. Foto composición: El Peruano.

Parálisis en el caso Benavides

Todo este proceso también afecta al caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ella enfrenta dos procesos disciplinarios: uno por presunta violación de la Ley de Carrera Fiscal al estar vinculada a una presunta organización criminal junto con su exasesor Jaime Villanueva. El segundo caso involucra presuntas irregularidades en la remoción de fiscales a cargo de investigaciones complejas, como Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Emma Benavides por supuestos cobros de sobornos a narcotraficantes.

Además de la investigación de la JNJ, Patricia Benavides está siendo investigada por el Ministerio Público en el caso Valkiria, donde habría recibido coimas en el caso de una licitación por computadoras y también formulado cambios para favorecer a José Luis Castillo Alva, investigado por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre otras causas.

Recientemente, ha surgido información sobre un presunto pacto entre el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, y Patricia Benavides. Según la declaración de un colaborador eficaz, Benavides, a través del fiscal Marco Huamán, solicitó apoyo a Morales en una demanda competencial presentada contra la JNJ ante el TC, relacionada con la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana Emma.

El procurador de la JNJ ha señalado que Morales podría haber mostrado falta de imparcialidad en resolver esta demanda competencial. Sin embargo, Morales aún no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Trascendió que el 29 de abril, el actual presidente de la JNJ —reemplazo de Aldo Vázquez— Antonio de la Haza, convocó a los miembros suplentes Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina para ocupar los puestos vacantes tras la decisión del Tribunal Constitucional. Siles Vallejos, mediante carta, declinó ocupar el cargo.